En un comunicado conjunto de los cuatro sindicatos, manifiestan que como consecuencia de esta situación no podrán cumplirse los objetivos de recaudación y rebaja del déficit público exigidos por Bruselas y “serán, de nuevo, los ciudadanos quienes sufran las consecuencias negativas al rebajarse la prestación de servicios públicos”.

Así, criticaron que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no recogen “ninguna medida que fomente o potencie la lucha contra el fraude”, impidiendo, a su juicio, que la Agencia Tributaria disponga de más medios.

CCOO, UGT, CSIF y SIAT trasladaron la “urgencia” de reponer el personal en el organismo y de aprobar un incremento adicional de plazas en la Oferta de Empleo Público (OEP) para alcanzar una tasa de reposición “razonable”, y que la actualización de la carrera profesional de los empleados públicos de la Agencia Tributaria, que se encuentra bloqueada desde 2012.

Ante esta situación, anunciaron que se dará inicio a movilizaciones dirigidas a “conseguir que el Gobierno cumpla” con el compromiso de reforzar la lucha contra el fraude, y aseguraron que están manteniendo reuniones para concretar las medidas que pretenden adoptar.