En su comparecencia en la comisión de investigación del Ayuntamiento sobre las citadas obras, Córdoba, que trabajó con el entonces concejal de IU Ángel Lara, criticó los procedimientos de contratación de las obras de la Calle 30, porque adjudicarlas a empresas que formaban parte del consorcio era algo “rayano en la ilegalidad”.

Además, aseguró que no se le faciltó acceso a los expedientes administrativos de adjudicación de las obras, que la elaboración de los proyectos era a veces posterior a la ejecución (“La obra iba por delante del proyecto”, denunció), y que a veces en el momento de aprobarse ya se preveían modificaciones.

También aseguró que las obras produjeron muertes por inhalación de humos e, incitado por el portavoz de Ahora Madrid y delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, criticó que el que se constituyera una sociedad mixta para gestionar las obras fue “en detrimento” de la transparencia.

Luego habló del procedimiento a su juicio “ilegal” para depositar los vertidos de tierras resultantes de la obra en una cantera en la que además “no había espacio” para ello. Sánchez Mato añadió aquí que se produjo un desfase del 62% por el que Madrid Calle 30 tuvo que indemnizar a la patronal de tierras.

EL portavoz del PP en la comisión, Álvaro González, preguntó, como al primer compareciente, de Ecologistas en Acción, si el extécnico de IU cree que la obra de la M-30 ha mejorado o no Madrid, y Córdoba contestó que desde el punto de vista del “decorado” y el “cartón piedra”, sí, pero añadió que “tuvo unos costes desmesurados”, contratiempos, incumplimiento de los costes y que ahora el mantenimiento es “muy costoso”.

Igualmente, le preguntó si se ha mejorado el nivel de ruidos y de emisiones de gases para los vecinos del actual Madrid Río, y si le parece que al lado de esos beneficios no compensan los costes. Córdoba contestó que los favorecidos son los vecinos del entorno, pero que el coste podía haber servido para hacer colegios o viviendas públicas.

González le pidió también detalles concretos sobre los supuestos expedientes que no le dejó ver el anterior Gobierno municipal. Además, subrayó que el informe de la Cámara autonómica de Cuentas, al que apelaron varias veces Córdoba y Sánchez Mato, no atisbó ninguna ilegalidad en la adjudicación de las obras.