Este dato fue facilitado este jueves en el Senado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien participó en una reunión de presidentes de comisiones de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE).

Durante se intervención, Caamaño se refirió a la orden europea de protección a las víctimas que promueve España durante el semestre de Presidencia española de la UE. Esta orden permitiría, por ejemplo, que una resolución judicial de protección de una mujer maltratada estuviera vigente en otro país comunitario.

A este respecto, el ministro se refirió a las dificultades que está teniendo la aprobación de esta orden europea, debido a su complejidad técnica. No obstante, el titular de Justicia pidió a los socios comunitarios que tuvieran en cuenta que “establecer un mecanismo de protección de víctimas es proteger bienes que el derecho el penal de todos nuestros países ampara”.

Añadió que hay que quedarse “en lo sustantivo y no en lo procedimental”, en las dificultades técnicas, ya que en toda la UE “los actos de agresión y coacción a las víctimas están perseguidos por las leyes, son actos sancionados penalmente”.

A este respecto, el ministro dio el dato de que, hasta el momento, las autoridades judiciales españolas han dictado más de 11.000 órdenes de protección de ciudadanos europeos. En esta cifra se incluyen más de 8.000 rumanos, en su mayoría mujeres; casi 2.000 alemanes; y 1.600 ciudadanos británicos.