Esta encuesta, que se hizo con 3.492 entrevistas a abogados en ejercicio, revela que los letrados españoles valoran "negativamente" la situación actual de la justicia española y que su percepción empeoró un 6% desde 2005.

El trabajo, que dirigió y explicó el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Juan Toharia, fue hecho tras las eleciones del 9 de marzo y durante la huelga de los funcionarios de Justicia.

Un proceso de huelga que Carnicer calificó como "extraordinariamente pernicioso", entre otras cosas, por el retraso que causó en la administración de la justicia.

El presidente de la CGAE aseguró, además, que si en la justicia penal hay 269.405 sentencias pendientes de ejecución, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la cifra podría elevarse hasta el millón en el conjunto de las jurisdicciones de lo civil, social y contencioso-administrativo.

Carnicer lamentó que durante la huelga de los funcionarios de justicia se conculcasen los derechos de los ciudadanos, algunos de ellos fundamentales, por irregularidades como el retraso en la concesión de permisos carcelarios. Pero, sobre todo, advirtió de los efectos negativos que la "inseguridad" jurídica puede tener en la economía española, ya que "el dinero es muy miedoso" y huye de este tipo de situaciones.

La justicia española necesita una "terapia" para solucionar sus problemas, aseguró Carnicer, y para ello es necesario plantear a la Administración reformas "que no cuesten dinero", de modo que los poderes públicos no puedan poner "excusas" que retrasen el saneamiento de la justicia.

"No quiero jueces héroes, sino jueces competentes", que tengan el "tiempo necesario para reflexionar" sobre su trabajo, subrayó. Por eso, hacen falta más jueces, "casi el doble" de los que ejercen actualmente.

Además de este aumento de jueces, Carnicer planteó otras reformas, como la necesidad de dotar con medios tecnológicos a la Administración de Justicia, para que sus diferentes organismos puedan compartir una información que haría más ágil su funcionamiento. Una medida que también propone el informe del CGPJ.

Carnicer también coincidió con el informe del Consejo en que es necesario formar a los trabajadores interinos o sustituirlos por expertos para mejorar la calidad del sistema.

Asimismo, pidió que la obligatoriedad de grabar en vídeo las causas penales se extienda a la celebración del resto de los procesos y que las dotaciones económicas de los profesionales de la justicia sean, no sólo "más ajustadas", sino "un poco sobradas", para poder exigir "más calidad".

Por otra parte, el presidente del CGAE aseguró que "es extraordinariamente perjudicial para la justicia la demora en la renovación de instituciones" como el CGPJ o el Tribunal Constitucional.

Carnicer apuntó que este retraso en la renovación puede poner en peligro "la confianza que los ciudadanos deben tener en las instituciones".