La iniciativa parte de una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, y fue aprobada por unanimidad después de que este grupo pactara una transaccional con el PSOE y CiU.

En el texto inicial, el PP solicitaba poner en marcha un plan integral con medidas para la prevención de esta lacra y para la atención posterior de las víctimas; pedía elaborar un protocolo para unificar criterios en la detección de casos por parte de profesionales médicos o asistentes sociales, y proponía incrementar los servicios de inspección en residencias y centros de atención a mayores.

La transaccional aprobada no modifica ninguno de esos puntos, pero introduce una petición que insta al Gobierno a informar antes de que finalice el año del apartado relativo al maltrato del Libro blanco del Mayor que está elaborando el Ejecutivo.

El texto propone también impulsar el citado plan integral en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que reúne a Gobierno y comunidades autónomas.

Durante su intervención, la diputada del PP Carmen Quintanilla lamentó que el maltrato a los mayores “sea un tema tabú todavía” en España, y alertó de que, en su mayoría, estas situaciones no se denuncian y las ejercen los propios cuidadores de las víctimas.

Pese a la “necesidad de mayor protección” por parte de los mayores, Quintanilla dijo “ser consciente de la actual situación de crisis”, con lo que propuso medidas “que no supondrán ningún gasto económico adicional”.

Por su parte, la diputada socialista Lucila Corral señaló que España “es un país con tradición y cultura de tratar bien a sus mayores”, e insistió en que los casos tratados este miércoles en la Cámara baja constituyen “excepciones”.

Finalmente, destacó “el factor importante de vulnerabilidad” que, en su opinión, constituye la dependencia.