La propuesta, presentada por la concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra, no contó ni con el previsible respaldo del PP, puesto que los ediles populares abandonaron el pleno minutos antes en protesta por unas manifestaciones del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que acusó a este partido de haber “metido la mano en los bolsillos” de la gente.

En nombre del Gobierno municipal, su portavoz, Rita Maestre, rechazó que por haber permitido la conferencia de Puigdemont el pasado lunes 22 en el Palacio de Cibeles el Ayuntamiento se haya situado en el bando independentista, del mismo modo que no lo habría hecho el Senado cuando invitó al presidente de la Generalitat a hablar allí. Sólo que, argumentó, “las instituciones tienen que ser razonables y fomentar cauces de diálogo” para resolver los conflictos.

Desde el PSOE, Ramón Silva calificó la iniciativa de Cs de “propuesta oportunista, no oportuna”, y remarcó que los límites a lo que se puede decir o no en dependencias municipales los marca la libertad de expresión, siempre que no se incurra en una apología del odio. Por eso, instó a Saavedra a acudir a un juzgado de guardia si cree que con la conferencia de Puigdemont se vulneró la ley, pero avisó de que “las censuras no son buenas”. Ahora bien, precisó que el PSOE cree en la soberanía nacional y que nadie le iba a dar lecciones de constitucionalismo.

Saavedra replicó que la libertad de expresión tiene sus límites en aquello que sea ilegal, delictivo o desobedezca al Tribunal Constitucional. Y los independentistas, a su juicio, ”no vienen a dialogar”, por lo que tendrían que exponer sus ideas en un espacio privado, no de todos los españoles. A su modo de ver, el Ayuntamiento se había posicionado como enemigos de la unidad nacional” al permitir hablar a Puigdemont.

Maestre contrarreplicó que Ahora Madrid no tiene formado ningún planteamiento sobre la unidad de España, porque su ámbito es local, pero se mostró convencida de que ninguno de los concejales que componen el grupo es independentista. Pero, a su juicio, no se estaba planteando eso, sino si había que limitar la libertad de expresión en espacios municipales. “Y la respuesta es no”, zanjó.