El documento aprobado incluye medidas concretas aportadas por todas las entidades que han participado en el grupo de trabajo, que ha estado conformado por los miembros del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; junto representantes de las comunidades autónomas y de las organizaciones de mujeres especializadas.

En materia de discapacidad, el documento recoge la necesidad de poner en marcha una auditoría de accesibilidad de los recursos, servicios e información relacionados con la detección y abordaje de la violencia de género.

El establecimiento de protocolos de detección de situaciones de violencia contra las mujeres con discapacidad en todos los ámbitos relacionados (sanitario, policial, judicial, etc.) y la mejora de la formación de las y los profesionales involucrados en este ámbito, son otras peticiones recogidas.

Asimismo, se ha exigido ampliar la definición de violencia de género con el fin de dar cabida a otras formas de violencia que se cometen contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y que no encajan con el objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En este sentido, la Fundación Cermi Mujeres y el Cermi han hecho hincapié en la necesidad de dar cumplimiento al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica cuyo artículo 39, precisamente, exige a los Estados parte adoptar las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa de modo intencionado, las prácticas de abortos a mujeres sin su consentimiento previo e informado y de intervenciones quirúrgicas que tengan por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento.

Finalmente, la Fundación Cermi Mujeres y el Cermi han demandado ante el Pleno que el Observatorio sea reconocido como órgano de seguimiento del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, actualmente en discusión.