Según informó hoy la Comisión en un comunicado, de acuerdo con las obligaciones impuestas a Telefónica dada su posición como operador con poder significativo de mercado, la compañía tiene prohibido llevar a cabo prácticas anticompetitivas, como reducciones de precios contrarias a la regulación sectorial.

En enero de 2016, explicó la CNMC, el Gobierno Vasco adjudicó a Telefónica parte del concurso para la prestación de servicios de telecomunicaciones para diversos edificios de la Administración autonómica.

Antes de esta adjudicación, Euskaltel denunció, ante la Comisión, que la oferta económica presentada por Telefónica en este concurso no es replicable por un hipotético operador de empresas.

A partir de los datos analizados por el regulador, éste concluyó que la oferta económica presentada por Telefónica en ese concurso no sería replicable por un operador eficiente especializado en el segmento empresarial.

Es decir, aclaró el organismo, “que ese operador obtendría una rentabilidad negativa al prestar los servicios incluidos en la oferta de Telefónica mediante el uso de las ofertas mayoristas disponibles en el mercado”.

Por tanto, la Comisión considera que existen “elevados indicios” de que Telefónica podría haber incurrido en una práctica de irreplicabilidad económica prohibida por las resoluciones de los mercados mayoristas de banda ancha y de líneas alquiladas terminales.

La CNMC indicó que ha analizado con anterioridad las ofertas presentadas por Telefónica en otros concursos, como al Ayuntamiento de Villena y a la Universidad de Valladolid.

A diferencia de este caso, en ambos expedientes la CNMC concluyó que las ofertas eran replicables por un operador eficiente de empresas.

Los análisis de replicabilidad de las ofertas del segmento empresarial presentan una elevada complejidad técnica, por lo que estas dos resoluciones, junto con la aprobada ahora sobre la oferta de Telefónica al Gobierno Vasco, permiten a los agentes del mercado conocer los detalles de los análisis de replicabilidad que realiza la Comisión, subrayó el organismo.

En cualquier caso, recordó, la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de un año para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.