El Congreso insta al Gobierno a reconocer de manera efectiva las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral
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La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este lunes, con 33 votos a favor y tres abstenciones, una proposición no de ley, fruto de una enmienda transaccional entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que se reconozca de manera efectiva las lenguas de signos y se regulen los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La iniciativa, defendida por Joan Ruiz i Carbonell, por el PSOE, y por Ignacio Tremiño, por el PP, tiene su origen en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Sin embargo, la disposición final cuarta de la ley establecía que “el Gobierno elaborará, específicamente, un reglamento que desarrolle la utilización de la lengua de signos española, así como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas”.
En este sentido, la proposición aprobada hoy insta al Gobierno a que apruebe dicho reglamento “durante 2017”, así como a “dotarlo conjuntamente con las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, con los medios humanos y materiales que sean necesarios”.
Ruiz defendió en un principio que dicho reglamento debería aprobarse en un plazo de “tres meses”, para que así “no continúe eternizándose la redacción” del mismo, pero finalmente acordó con el Grupo Popular ampliar el plazo y que finalmente esté finalizado “durante 2017”.
Por su parte, Tremiño defendió que el inicio de la crisis provocó el retraso en la elaboración de este reglamento, ya que la prioridad de las organizaciones en aquella época era recibir “apoyo económico” y, por ello, señaló que desde el año 2011 hasta el año 2016, las principales asociaciones de personas sordas y personas sordociegas vieron aumentada la partida de subvenciones recibida.
“REIVINDICACIÓN DE SENTIDO COMÚN”
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos María Teresa Arévalo afirmó estar de acuerdo con el objetivo final de la proposición, puesto que, a su juicio, se trata de “una reivindicación de sentido común.
Finalmente, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran hizo hincapié en que “sería bueno y necesario que en un tema como este exista unanimidad, porque está íntimamente relacionado con razones de humanidad”.
(SERVIMEDIA)
29 Mayo 2017
CJC/gja