Ambos hombres, Aleg Gryshkautsou, de 29 años, y Andrei Burdyka, de 28, fueron condenados a muerte por fusilamiento el pasado viernes tras ser declarados culpables de asesinato premeditado, asalto a mano armada, incendio premeditado, secuestro de un robo menor y robo a mano armada.

Grishkovtsov y Burdyka robaron en un piso de Grodno el pasado mes de octubre, durante lo cual mataron a un hombre y dos mujeres y tomaron como rehenes a un niño. Además, prendieron fuego al piso y luego obligaron a un taxista a que los llevara a Minsk y Moscú, pero fueron detenidos a la mañana siguiente en Bielorrusia, cuando el taxista escapó.

Estas condenas a muerte se producen dos días después de que Bielorrusia fuera objeto de críticas en un periodo de sesiones de la Revisión Periódica Universal de la ONU por su mantenimiento de la pena capital.

Entonces, el Gobierno bielorruso señaló que la pena de muerte es una medida temporal que aplica sólo para los crímenes más graves, y que actualmente debate activamente aplicar la abolición del máximo castigo.

Gryshkautsou y Burdyka disponen de diez días para apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo. En el caso de que este tribunal rechace este recurso, pueden pedir clemencia al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

El director del Programa de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Gowan Halya, subrayó que "la pena de muerte no es la respuesta a la delincuencia violenta" y lamentó que Bielorrusia dé "un paso atrás en un momento en que el mundo se está moviendo hacia la abolición de la pena de muerte".

"Las sentencias de muerte dictadas contra Aleg Gryshkautstou y Andrei Burdyka demuestran, una vez más, la necesidad de imponer de inmediato una moratoria sobre la pena de muerte. Es evidente que mientras la pena de muerte se mantiene en las leyes, los jueces continuarán dictando sentencias de muerte", concluyó.