Ambas organizaciones reclamaron al Ejecutivo zimbabuense que ofrezca un alojamiento alternativo adecuado o una indemnización a quienes se encuentren sin casa y sin trabajo.

El director de Amnistía Internacional en Zimbabue, Cousin Zilala, tildó de "escándalo" que cientos de miles de personas continúen sobreviviendo "en chabolas de plástico y sin servicios básicos esenciales" en los últimos cinco años. "Las necesidades de estas víctimas están en riesgo de ser olvidadas porque sus voces son sistemáticamente ignoradas", añadió.

Amnistía Internacional recordó que el Gobierno de Zimbabue ordenó demoler los asentamientos informales en todo el país el 18 de mayo de 2005, a través de un programa conocido como "Operación Murambatsvina", que dejó sin hogar ni medios de subsistencia a unas 700.000 personas.

La mayoría de estas personas cayeron aún más en la pobreza, una situación agravada actualmente por la crisis económica del país.

Después de recibir presiones nacionales e internacionales, el Gobierno zimbabuense puso en marcha un programa de realojamiento, conocido como "Operación Garikai Kuhle/Hlalani" a finales de 2005, pero fracasó.

Amnistía apuntó que las víctimas de la "Operación Murambatsvina" rápidamente llegaron a ser invisibles, obligadas a trasladarse a zonas rurales o a zonas urbanas superpobladas.

Esta organización lamentó que el Gobierno de unidad de Zimbabue "no ha hecho nada" desde su creación, en febrero de 2009, para mejorar la difícil situación de los supervivientes de los desalojos forzosos de 2005 y de los hijos que han nacido en los asentamientos informales desde entonces.