La manifestación discurrió por el paseo del Prado, comenzando en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y concluyó en la glorieta de Cibeles.

Según la fundación, las políticas para este año contra la violencia estarán dotadas con 27,7 millones de euros (un 9,9% más que en 2016, pero un 10,8% menos que en 2010), mientras que se congelan los fondos para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres en 19,7 millones. Ambas partidas presupuestarias suman 47,47 millones de euros, el 0,01% de los PGE de 2017, algo que según el manifiesto de las organizaciones convocantes no casa con la intención de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género. En su opinión, la partida contra la violencia machista debe ser incrementada en al menos 120 millones de euros.

Entre los lemas coreados por los asistentes a la protesta destaca ‘Sin presupuesto, no es cuestión de Estado’ o ‘Justicia y prevención’. La vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, advirtió de que “si no tenemos recursos económicos y humanos para atender a las mujeres y víctimas de violencia, no podremos sacar adelante ningún pacto de Estado”.

Asimismo, subrayó la necesidad de que se proporcionen los servicios necesarios para poder atender las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia, algo que, según recordó, es una demanda que la FCM viene planteando desde su nacimiento. “De todas formas, si no hay presupuesto suficiente, esta demanda no se podrá implementar”, enfatizó, al tiempo que apuntó que los fondos económicos también son necesarios en materia de prevención.

Por su parte, Pilar Ramiro, asesora de la Comisión de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), comentó que las mujeres con discapacidad tenemos nuestras propias reivindicaciones, pero “hemos asistido a esta manifestación para apoyar las demandas que nos son comunes”, entre las que destaca la de que existan recursos económicos suficientes.

Además, reiteró la necesidad de seguir luchando contra las esterilizaciones forzosas que todavía sufren mujeres y niñas con discapacidad, así como para que este grupo social pueda disfrutar en igualdad de condiciones de los derechos humanos.