En su exposición de motivos, la diputada Marta Martín destaca que este teléfono es un número atendido por especialistas a los que se les exige una titulación oficial (Psicología, Trabajo o Educación Social, Derecho…), pero agrega que “a pesar de estos requisitos y de la importancia de su trabajo, el servicio fue externalizado y subcontratado a una empresa de 'call center', que contrata a los trabajadores como gestores telefónicos regidos por el Convenio de Despachos y Oficinas”.

“Su contrato generalmente es un contrato a media jornada de 20 horas concentradas en un fin de semana, por la que cobran aproximadamente 500 euros brutos”, agrega.

Martín subraya además que según declaraciones de alguno de sus empleados, lejos de buscar la eficacia del procedimiento y hacer un seguimiento de los casos una vez estos son derivados, tienen como principal indicador e incentivo económico el número de llamadas atendidas.

Por todo ello, pregunta al Ejecutivo si ha comprobado si esta baja remuneración puede afectar a la calidad del servicio y si tiene previsto llevar a cabo alguna medida para reducir la precariedad de estos profesionales.

Asimismo, interroga al Ejecutivo sobre si cree que “retribuir a profesionales por debajo de su cualificación y responsabilidades es compatible con la obtención de un buen servicio” y si “tenía conocimiento de esta situación”.