Así lo aseguran los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en la sentencia por la que ordenan al TSJCV reabrir la investigación contra el presidente de la Generalitat Valenciana y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel, una decisión cuyo fallo fue adelantado la semana pasada.

La resolución hecha pública este martes, de la que ha sido ponente el propio presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Juan Saavedra, asegura que la interpretación de la Ley efectuada por el TSJCV es “contraria” a la jurisprudencia desarrollada sobre el cohecho pasivo impropio.

El Alto Tribunal valenciano decidió en agosto pasado archivar la investigación al considerar que, para poder apreciar la comisión de un delito de cohecho, se debía demostrar que Camps y los miembros de su Gobierno ofrecieron a los responsables del "caso Gürtel" alguna contraprestación por sus regalos.

Pero el Tribunal Supremo, después de estimar los recursos interpuestos por la Fiscalía y por varios socialistas valencianos, establece que el mero hecho de recibir un regalo en atención al cargo que se desempeña constituye por sí solo un delito de cohecho, independientemente de haber ofrecido o no algo a cambio.

TRAJES CON “OPACIDAD”

“Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores”, señalan los magistrados del Alto Tribunal en la sentencia.

En base a estos argumentos, el tribunal ordena "el reenvío de la causa al instructor", es decir, al magistrado del TSJCV José Flors, para que "continúe su tramitación en la forma legalmente procedente".

Flors deberá reabrir la investigación en la que estaban imputados por un presunto delito de cohecho, además de Camps, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el antiguo jefe de protocolo de la Diputación de Valencia Rafael Betoret.

Todo ellos están implicados en la causa por los regalos que supuestamente recibieron de la empresa Orange Market, considerada la filial valenciana de la trama de corrupción del "caso Gürtel", y de su hombre fuerte, Álvaro Pérez, conocido como "El bigotes".

CÍRCULO DE INFLUENCIA

La Sala de lo Penal, en la resolución hecha pública este martes, destaca que las personas que eran objeto de los regalos de la trama del “caso Gürtel” ostentaban un amplio “círculo de influencia” y estaban integrados “en un órgano de gobierno donde existen múltiples funciones y competencias interrelacionadas”.

Además, recuerda que el bien jurídico protegido por el delito de cohecho es “preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley” de los funcionarios públicos, independientemente de “la cuantía, proporcionalidad o dimensión de la dádiva o regalo y su adecuación a los usos sociales”.

“La precedente doctrina es aplicable a los señores Camps, Campos y Betoret, teniendo en cuenta las funciones respectivamente desempeñadas por ellos en el Gobierno autonómico, como presidente de la Generalitat Valenciana, ex vicepresidente del Consell y ex jefe de Gabinete de la Consellería de Turismo”, indican los magistrados.

FINANCIACIÓN IRREGULAR

La decisión del Tribunal Supremo no supone que el TSJCV deba investigar automáticamente, además de los regalos y trajes presuntamente recibidos por los miembros del gobierno valenciano, la presunta financiación irregular del PP de Camps, revelada en un informe realizado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".

Alguna de las partes personadas deberá solicitar expresamente al magistrado Flors la incorporación del informe de la UDEF a las actuaciones para que el TSJCV pueda investigar también la presunta trama de corrupción.

El tribunal valenciano podría incorporar entonces la querella presentada por los socialistas de Valencia contra Camps y varios altos cargos del PP de Valencia, como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, y contra miembros del Ejecutivo autonómico como el vicepresidente Vicente Rambla.

La querella les acusa de los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal, al considerar que todos ellos estaban detrás de la financiación ilegal del partido.