En concreto, la plataforma considera “difícil de justificar” el hecho de que la reforma “deje fuera del proceso liberalizador al estratégico sector del automóvil, al permitir que sean los estibadores los que en exclusiva sigan realizando la manipulación de los vehículos nuevos en los puertos, lo que repercute en un sobrecoste innecesario en la transporte de los mismos”.

También mostró su disconformidad con el hecho de que los empresarios, como parte directamente implicada en el proceso, “no hayan sido informados ni consultados con carácter previo del contenido del real decreto-ley”.

“Ante el riesgo de que la actual reforma se convierta en una mera transformación cosmética de un sistema ineficiente y que penaliza la competitividad de la economía española”, PIPE solicitó que “el desarrollo reglamentario del decreto no deje en manos de la negociación colectiva toda la regulación en materia laboral, dada la demostrada situación de indefensión de los empresarios frente a los estibadores y sus medidas de presión”, concluyó.