La Abogacía considera que este plan produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial.

Además, explican los letrados, el plan generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos, añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos, para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.

La Abogacía recuerda el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que el CGPJ podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que determine que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos; siempre con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia.