"Las personas en situación de dependencia no pueden pagar la incompetencia de las administraciones autonómicas, que han dilatado meses y años el reconocimiento de sus derechos garantizados por la Ley de Autonomía Personal", subrayó Mario García, presidente de Cocemfe.

La confederación confió en que sólo se elimine la retroactividad del pago de prestaciones para los nuevos solicitantes y en que se pongan en marcha medidas eficaces para que la resolución se produzca en seis meses.

"La Administración no puede seguir mirando a otro lado, porque detrás de cada solicitud hay una persona con verdaderas necesidades y que requiere una atención específica", insistió García.

Según el presidente de Cocemfe, "esta medida en ningún caso debe ser aprovechada por las administraciones autonómicas para generar aún más confusión y justificar su inoperancia en la tramitación de la ley y en la planificación de sus recursos".

En este sentido, García señaló que "el ahorro adicional que se va a producir en las comunidades autónomas y entidades locales no puede seguir afectando a las asociaciones de personas con discapacidad, que ya han sufrido demasiadas reducciones en las subvenciones para numerosos proyectos".

Asimismo, Cocemfe pidió que la reducción de 600 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo no afecte a los proyectos que emprenden las ONG, puesto que representa una pequeña parte de la inversión total en Cooperación para el Desarrollo y supone un tipo de ayuda mucho más directa hacia las personas beneficiarias que más lo necesitan.