En concreto, la presidenta podría ser investigada por delitos de prevaricación y cohecho, por su papel como miembro del patronato de Fundescam y por ser la máxima responsable de varias campañas del PP de Madrid durante el período que investiga la `trama Púnica´.

El informe de la Guardia Civil, remitido el pasado mes de marzo al juez Eloy Velasco y contenido en el sumario del que hoy se ha levantado el secreto, maneja “elementos probatorios” que podrían apuntar a la comisión de “delitos de prevaricación continuada y cohecho".

Además, en uno de sus últimos tomos el sumario señala que el PP de Madrid financió de manera irregular tres campañas electorales manteniendo una contabilidad 'B' que alimentaba con comisiones. Se trata de las convocatorias de elecciones municipales de 2007, las autonómicas de 2011 y las generales celebradas en 2008.

El citado informe relata que Cifuentes “vulneró” el principio de “imparcialidad” al presidir la Mesa de Contratación de la Asamblea y formar parte del patronato de Fundescam, la fundación que recibió 160.000 euros de Arturo Fernández, que se gastaron en la campaña electoral del PP de las autonómicas de 2007. Cifuentes era miembro del comité de campaña del PP regional en esa cita electoral.

El sumario indica que la Guardia Civil ha podido acreditar que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.

El juez mantiene que los máximos responsables de ese mecanismo de financiación eran el exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en prisión por estos hechos; el extesorero del partido Beltrán Gutiérrez, y el exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam, al igual que Cifuentes.

El informe indica que “determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales” en la cuenta de Fundescam.

Hasta el momento el juez Velasco no ha imputado delito alguno a Cristina Cifuentes que, en su calidad de aforada, debería ser investigada, llegado el caso, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras solicitar el correspondiente suplicatorio a la Asamblea regional.