El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Francisco Igea, fue el encargado de defender la proposición, donde denunció que estas sujeciones mecánicas se realizan “por miedo” y no para impedir que estas personas sufran lesiones, puesto que se ha comprobado que “el número de fracturas es igual o menor donde no hay sujeciones”.

En este sentido, argumentó que no se trata de un tema sanitario, sino de “un tema de derechos humanos”, y pidió el apoyo al resto de grupos parlamentarios, puesto que “es una práctica que no podemos mantener ni un día más”, ya que “está limitando los derechos y la calidad de vida de nuestros pacientes”. “A ninguno de nosotros nos gustaría vernos en una situación así”, agregó.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Marta Sibina hizo hincapié en que “es necesario acabar con estas prácticas no solo en temas de demencia, sino también en el ámbito sanitario” y pidió que se introduzca en la proposición la valoración de acabar con las políticas de sujeciones.

A su vez, la diputada del PP María Torres reconoció que acabar con las políticas de sujeciones “no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana”, porque “requiere tiempo e inversión” y pidió “contar con las comunidades autónomas y el Consejo Interterritorial de Salud”, puesto que son las autonomías quienes tienen las competencias en este ámbito.

“PRIORIZACIÓN EN LOS CONCIERTOS”

La proposición establece una serie de incentivos a aquellos centros y residencias que adopten un sistema libre de sujeciones, como por ejemplo, “la priorización de dichas residencias en los conciertos, así como, si fuera el caso, mejoras en las condiciones económicas de los mismos”. Asimismo, pide al Gobierno que promueva, mediante cambios en la normativa de edificación, “las reformas arquitectónicas y de mobiliario necesarias para disminuir la necesidad de sujeciones”.

También solicita que se lleven a cabo los cambios precisos para que se solicite a los centros y residencias geriátricos o centros de asistencia a personas con enfermedades mentales o neurodegenerativas, a llevar un registro que incluya como mínimo el número total de pacientes, estado mental de los pacientes, número de pacientes con sujeción mecánica, causa que motiva la necesidad de la misma, medicación que reciben los pacientes y fecha y motivo de instauración, caídas sufridas por los pacientes, número de fracturas, heridas y úlceras por decúbito y necesidad de alimentación forzada.

Por último, reclama al Gobierno que promueva, tras acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, y con respeto a las competencias de las comunidades autónomas, “el establecimiento de un horizonte temporal para eliminar de los conciertos a entidades que no se hayan adherido a un programa de eliminación de sujeciones”.