Según informa la Comunidad de Madrid, dicha suspensión se produjo ante las irregularidades detectadas por el Ejecutivo regional en la prestación de los servicios subvencionados y en la justificación de los gastos. La FAPA había recurrido esta decisión al considerar que no respetaba las normas de procedimiento de los convenios, que era injustificada y que estaba motivada por la actitud crítica de la Federación con las actuaciones de la Consejería de Educación. Se trata de los programas de ampliación de horario y prestación de servicios complementarios en los centros escolares públicos y de orientación y formación familiar, socioeducativo de educación no formal y de mediación, cuya finalidad principal es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres mediante la extensión del periodo de apertura de los centros educativos. El TSJM estima plenamente acreditadas las razones para la suspensión de los convenios, expuestas por los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, y ha rechazado la supuesta desviación de poder, insistiendo en que la Comunidad ha actuado en el macro de las funciones que le atribuyen dichos convenios. Por último, el fallo rechaza las supuestas infracciones de los preceptos constitucionales en las que, según la FAPA, ha incurrido la Comunidad. En este sentido, considera que la suspensión de los convenios de colaboración no supone la disolución de la asociación o la suspensión de sus actividades, ni tampoco atenta contra el derecho a la educación, constitucionalmente reconocido.