Esto implica que si el juez del TJUE ratifica las conclusiones emitidas por su abogado general, la multinacional californiana deberá operar según la legislación vigente en materia de transporte, cosa que, según la FPTM, “hasta la fecha no están haciendo”.

La multinacional estadounidense ha defendido hasta el momento que su labor consiste únicamente en ejercer de intermediario entre personas que prestan servicios y quienes los reciben. Sin embargo, los taxistas ya habían denunciado en numerosas ocasiones, según recordó a través de un comunicado el presidente de la FPTM, Julio Sanz, “que esta empresa influye completamente en el ejercicio de la actividad, ya que establece cómo y cuándo se realizar el servicio, fija el precio y recibe hasta un 25% del mismo, ganancias que ,por cierto, no declara en España”.

El abogado general del TJUE, confirmó que Uber “no ofrece un servicio de vehículo compartido, ya que los pasajeros deciden el destino y a los conductores se les abona un importe que excede ampliamente del mero rembolso de los gastos ocasionados”. Además,aseguró que “el servicio ofrecido por Uber no puede calificarse de servicio de la sociedad de la información»: se trata más bien de la organización y gestión de un sistema completo de transporte urbano bajo petición”.

Siendo así, los taxistas madrileños exigieron a las administraciones locales y nacionales que trabajen por hacer a esta empresa cumplir con la legislación actual y obligue a sus coches a operar según la normativa vigente de los vehículos de alquiler con conductor (licencias con las que circulan los vehículos con los que trabaja Uber), ya que hasta el momento funcionan exactamente como los taxis, si tener autoridad legal para hacerlo.

En este sentido, Julio Sanz recordó que “el colectivo del taxi no está en contra de que existan otras formas de transporte urbano de viajeros, sino contra los incumplimientos de la legislación vigente que empresas como Uber comenten, incurriendo en una competencia desleal que perjudica gravemente a quienes sí trabajan siguiendo las normas”.

Así, el presidente añadió que una prueba de que estos incumplimientos se están produciendo es que, según la propia Comunidad de Madrid, de los 5.143 vehículos de transporte de alquiler con conductor inspeccionados durante el primer cuatrimestre del año, 1.072 fueron denunciados porque no estaban cumpliendo la normativa.