El alcalde de esta localidad sevillana fue juzgado hoy junto a otros jornaleros por su participación en varios incidentes durante una huelga que se desarrolló en la recogida e la aceituna en 1990.

El alcalde de Marinaleda, perteneciente a Izquierda Unida, es acusado por la patronal del campo andaluz (Asaja), que pide una pena de 5 meses de cárcel y medio millón de multa por impedir la salida de tractores en la recogida de aceitunas.

Los jornaleros que se concentraron en la Audiencia sevillana profirieron gritos pidiendo la libertad del dirigente sindical y provocando además que el juicio comenzara con 2 horas de retraso.

Juan Manuel Sánchez Gordillo manifestó a a puerta de los juzgados sevillanos que "esto es una forma de violencia blanda por parte de la patronal agraria, que quiere utilizar este instrumento del Estado al servicio de sus intereses".

El dirigente del sindicato de obreros del campo consideró que "todo esto es bastante impresentable y mezquino, y desde luego si alguien tiene que estar en el banquillo de los acusados es la gran patronal terrateniente".

LA PATRONAL, "DELINCUENTE SOCIAL"

"La patronal agraria", añadió, "ha demostrado históriamente que es delicuente social y que ha provocado paro, indignación y miseria, y es la que tiene que dar cuenta pública de por qué ha sido uno de los frenos del desarrollo andaluz".

El alcalde de Marinaleda resaltó el hecho de que "el fiscal en esta vista oral, que se entiende es el acusador profesional, no ha pedido ninguna pena contra nosotros al no observar ningún delito".

Juan Manuel Sánchez Gordillo, que de ser condenado podría ingresar en prisión al tener ya antecedentes penales, aseguró qe "no me preocupa ir a la cárcel por luchar por la justicia y defender los intereses de los jornaleros y esto sería un honor".