En un detallado informe de CSI-CSIF de 16 páginas, al que tuvo acceso Servimedia, el sindicato desglosa la situación de diferentes sedes judiciales, en las que, además delincumplimiento de la citada normativa, se añaden otros problemas.

En primer lugar se centran en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se encuentra instalado en un edificio que, "sin perjuicio de su belleza o valor histórico, ha visto peligrar incluso sus estructuras, incapaces de soportar el peso de los legajos que se apilan en altísimas estanterías, que se cimbrean al tocarlas y amenazan desplomarse como un dominó".

CSI-CSIF denuncia en el citado informe que ni en el Tribunal Superior e Justicia, ni en la Audiencia Provincial de Madrid, ni en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ni en los Juzgados de lo Social ni en los Juzgados de lo Penal "se cumple la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral".

La mayoría de los juzgados "tienen condiciones de trabajo que, de tratarse de una empresa privada, podrían llevarla a juicio" en esas mismas sedes, "que deberían ser un ejempleo para la sociedad y no hacer que los ciudadanos se pregunten por qué las conductas de llos son castigadas y no sucede lo mismo cuando esas conductas las realiza la Administración".

El informe sindical cita el caso del edificio judicial situado en la Plaza de Castilla de Madrid, en el que "hay trabajadores en despachos instalados en el sótano, cuyo único conducto de ventilación da al garaje subterráneo por el que circulan cientos de coches. Otros trabajan sin ventilación alguna".

RATAS EN EL BAÑO

Además, "los cuartos de baño se cierran a menudo porque hay ratas", lamenta CSI-CSIF que resalta, además, que "existen archivos donde grandes estanterías montadas sobre ruedas, y en las que se almacenan toneladas de expedientes, se desplazan solas y amenazan con aplastar al que se ponga a su alcance".

En otras sedes judiciales, como la de la localidad madrileña de Majadahonda, "no se cumple la normativa antiincendios, el ascensor no llega ni a la planta superior ni al sótano, los resbalones están a la orden del día cuando llueve, por las goteras, el sótano donde trabajan doce funcionrios se inunda con frecuencia y es más pequeño que los calabozos que tienen puerta con puerta".

En el caso de los Juzgados de Paz o Justicia Municipal, "la palabra que describe su situación es triste", en opinión del sindicato, ya que el Ministerio de Justicia entrega a los Ayuntamientos "una cantidad de dinero exigua y totalmente insuficiente para su mantenimiento y éstos ven en los Juzgados de Paz no un servicio público, sino una carga económica".

"Los funcionarios parecen, para algunos ayuntamentos, una incomodidad al demandar con insistencia un extintor o que se limpien unas ventanas cada dos años, al menos, o que les faciliten una silla con ruedas como las que están tirando por renovación del mobiliario en otras dependencias municiales", prosigue el informe.

"En algún caso, los propios funcionarios han limpiado el Juzgado durante meses o han pintado las paredes después de años reclamándolo sin éxito", señala.

Además, "se cuentan con los dedos de una mano los Juzgados de Paz dotados e adelantos tan 'innovadores' como un ordenador, fax o fotocopiadora. Son mucho más raros los Juzgados de Paz en los que existen todos esos instrumentos modernos de forma conjunta".

DISCAPACIDAD

En el extenso y detallado informe, de 16 páginas, también se hace referencia a que el 70% de los edificios judiciales no ha eliminado las barreras arquitectónicas e incumple la normativa en materia de accesibilidad para discapacitados.

Entre los casos concretos, CSI-CSIF cita los Juzgados de la calle Maía de Molina (Madrid), donde se ubican los juzgados especializados en incapacidades y tutelas y a los que "diariamente acuden personas con deficiencias físicas y síquicas de todo orden".

Según CSI-CSIF, "es frecuente que el juez y los funcionarios correspondientes tengan que bajar al hall o a la calle para reconocer a personas que, por enfermedad o deficiencias físicas, no pueden acceder al edificio, ya que no existe nada parecido a una rampa o un ascensor que llegue hasta la planta de entrada a la cale. En cualquier caso, si la persona es trasladada en camilla, ésta no entra en el ascensor".

"Esta situación obliga a los Jueces y funcionarios a tener que acudir más a menudo de lo necesario a domicilios, hospitales o centros de internamiento de distinta índole", denuncia el sindicato.

Como ejemplo, un discapacitado tuvo que celebrar su boda en plena calle puesto que su silla de ruedas no cabía por las puertas del juzgado y mucho menos en el ascensor.