Desde 1999, año en el que se aprobó el decreto que posibilita sancionar el incumplimiento de la Ley de 1993 para la Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, se han tramitado 267 expedientes. De ellos, 200 abordan asuntos relativos a competencias municipales, 40 afectan a organismos dependientes de la Administración autonómica y 27 a departamentos de la Administración central.

Del total de expedientes, en 189 casos se ha resuelto la incidencia aplicando soluciones a los obstáculos que se denunciaban, lo que supone que el 70% de las denuncias se ha resuelto mejorando la situación expuesta, según las consideraciones de la propia dirección general.

La Dirección General de Vivienda considera que el fin de esta norma noes recaudar dinero, sino eliminar los obstáculos que impiden la accesibilidad a personas con movilidad reducida y "fomentar una cultura responsable haciala accesibilidad".