Los siete principios regularían la venta de armas en los países que estén en estado de guerra; en los que exista un alto riesgo de que cometan una agresión, incluyeno el terrorismo, y en los que se de una ausencia de participación popular en el gobierno.

Además, supervisarían ese comercio en los países que presenten un nivel alto de venta de armas; en los que reclamen armas especialmente peligrosas y temidas, y en los que no aceptan negociaciones sobre el control de armas.

En particular, la carta hace referencia a la lista de naciones que en el informe de Amnistía Internacional (AI) aparecen como grandes violadoras de los derechos humanos de sus propios ciuddanos, y que se convierten en los más capaces de agredir a sus vecinos.

De las diez medidas concretas, destacan una moratoria de 12 meses en la venta de armas en Oriente Medio; una prohibición de las ventas a regímenes que practican la tortura; realizar un control estricto de la transferencia de armamentos incluídos en el tratado de reducción de fuerzas convencionales en Europa (CFE), y la aplicación de medidas de confianza y desarme regional, (siguiendo el modelo de Contadora, en América Central y dela CFE).

El documento nace, según sus autores, tras estudiar la absurda situación creada en la guerra del Golfo, en la que los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, principalmente la URSS, construyeron, aunque no de forma exclusiva, la formidable máquina militar de Irak para luego tener que destruirla.

Entre los firmantes del escrito, de manera individual y sin comprometer a las organizaciones a las que pertenecen o representan, aparecen el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica; Robert Mcamara, ex secretario de defensa de EEUU, y el economista norteamericano, John Kenneth Galbraith.

Están incluidos los españoles Alberto Piris, general del Ejercito; Vicenç Fisas, del centro de la Unesco de Cataluña; Mariano Aguirre, del Centro de Investigación para la Paz, y Antonio Santesmases, portavoz de Izquierda Socialista.

Los promotores de la iniciativa esperan que, en las próximas horas, sean más los personajes internacionales que se sumen a la propuesta.

Los autores del documento hiceron público el llamamiento simultáneamente en las capitales de los quince países que se han sumado a la propuesta, entre ellas, Londres, París, Bruselas, Washington, Berlín, Camberra, Johannesburgo, Ottawa y Wellington.