En concreto, 94 personas con una discapacidad superior al 33% lograron el año pasado un empleo en la Administración General del Estado, mientras que en toda la década entre 1994 y 2003 esta cifra se situó en 147 personas, lo que supone el 0,6% del total de los nuevos funcionarios de este decenio.

Según informó hoy en una nota el Ministerio de Administraciones Públicas, estas cifras reflejan la efectividad de las medidas adoptadas por el departamento encabezado por Jordi Sevilla en materia de acceso al empleo público de personas con discapacidad y que se recogen en el Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre.

Entre las medidas aprobadas en este decreto, además de situar el cupo reservado a personas con discapacidad en el 5% de cada oferta de empleo público, destaca la preferencia en la elección de destino de los aspirantes con minusvalía, así como la posibilidad de alterar el orden de prioridad para la elección de plazas dentro del ámbito territorial que se determine en cada convocatoria.

Asimismo, el Ministerio de Administraciones Públicas trabaja junto a la Fundación ONCE para adaptar sus páginas web al nivel AA de accesibilidad antes de que concluya este año y cumplir así las exigencias derivadas de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.