Díaz explicó que este anteproyecto de ley supone un hito histórico porque “supone la plasmación normativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU” y porque “en la elaboración de este anteproyecto he cumplido el compromiso que asumí al comienzo de la legislatura de mantener un permanente dialogo con organizaciones sociales para ir de la mano y encontrar conjuntamente las decisiones más acertadas”.

En este sentido, manifestó que “esta ley redundará en un beneficio personal y social para cada una de las personas con discapacidad, pero también para la sociedad cántabra, que se convertirá a partir de su aprobación en una sociedad más inclusiva".

El objetivo de la ley es promover la igualdad de oportunidades, eliminar y corregir toda forma de discriminación, impulsar medidas de acción positiva para garantizar la inclusión social, asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad, establecer medidas de accesibilidad, y garantizar del uso de la lengua de signos española y de las medidas de apoyo a la lengua oral para las personas con dificultades auditivas.

Para ello, se recogen medidas en el ámbito de la salud, la educación, el empleo, en la contratación pública, en protección social, y medidas para facilitar el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte de las personas con discapacidad. Además, se facilitará el acceso a la justicia, mediante un turno de oficio especializado de atención a personas con discapacidad intelectual y/o con enfermedad mental que dispongan del beneficio de justicia gratuita, y medidas en fiscalidad con bonificaciones fiscales a las personas con discapacidad y sus familias para paliar los sobrecostes ocasionados por su discapacidad.

Por su parte, Arruti destacó que con esta norma el Gobierno ha escuchado sus demandas, ha incorporado la mayoría de sus propuestas y otras que han ido surgiendo en las diferentes reuniones, y ha felicitado a los técnicos de la Dirección General de Política Social y de las entidades de CERMI por su trabajo. “Hemos sido capaces de consensuar un proceso de elaboración con una metodología muy participativa y muy bien valorada por todos los que hemos colaborado”, afirmó.

Finalmente, valoró que cada vez se legisle más pensando en las personas con discapacidad desde una perspectiva trasversal, y ha considerado importante que un órgano de participación evalúe el cumplimiento de la legislación en lo que respecta a las personas con discapacidad.