En el acuerdo del 4 de mayo de 2017 el promotor, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, solicita al propio juez que le remita un informe en relación con la denuncia de Contrapoder, que se basaba en informaciones periodísticas que señalaban que el instructor del 'caso Lezo' preguntó a Ignacio González, antes de tomarle declaración como investigado, si consideraba que debía abstenerse de la causa dada la existencia de una grabación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

El promotor no incluye en esa petición de informe otros hechos relatados en la denuncia, relativos al chivatazo que varios de los implicados en la causa habrían recibido advirtiéndoles de que estaban siendo investigados, ya que “parecen estar relacionados con el objeto del proceso penal que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6, razón por la que se deducirá testimonio de ellos para su remisión al citado órgano judicial por si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal”.