“Soy partidario de estudiar medidas para evitar las filtraciones”, dijo hoy Moix a Onda Cero, que añadió: “Quizá el problema que tenemos en España es que no hay un medio eficaz de luchar contra ellas, porque no hay una sanción prevista, salvo que se averigüe quién es el filtrador. En otros países, como Alemania, se sanciona directamente al medio de comunicación. A lo mejor, si nos planteamos esa posibilidad habría menos filtraciones y se perjudicaría menos al Estado de Derecho”.

En un comunicado, la Junta de la APM mostró su "rechazo" a esta petición, porque "no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz, que esté contrastada con diligencia y sea de interés público". "Los medios y los periodistas tienen el derecho y el deber de dar a conocer tales informaciones a los ciudadanos", afirmó la entidad que preside Victoria Prego en un comunicado.

A juicio de la asociación, lo reprobable en estos casos es que la filtración la realice el servidor público, el funcionario, juez, fiscal o también el abogado, "no que los medios la publiquen en el ejercicio del derecho de información". "Los medios cumplen con su deber informando. Es a los filtradores a los que habría que sancionar, como ya prevé la ley", señala la nota.

Recuerda la APM que la posibilidad de sancionar a los medios por publicar filtraciones judiciales es un tema recurrente, ya que en abril de 2014 lo planteó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, si bien luego rectificó tras rechazar el Gobierno dicha medida.

El propio Catalá, recuerda la APM, se desmarcó de Moix y dijo que es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad de las personas, pero “no debe hacerse por la vía de las sanciones”.