Peláez realizó esta petición durante su comparecencia en la Ponencia de Estudio para la Elaboración de Estrategias contra la Violencia de Género constituida en el seno de la Comisión de Igualdad del Senado, con el fin de plantear las principales demandas de las mujeres y niñas con discapacidad de cara al futuro pacto de Estado contra la violencia de género.

Según explicó la representante de la FCM, “las medidas para luchar contra la violencia machista y la atención a las víctimas deben estar acompañadas de presupuestos suficientes para que puedan ponerse en marcha adecuadamente en la práctica”.

Por otra parte, lamentó que todavía existan muy pocos datos que radiografíen la realidad de la incidencia de la violencia entre las mujeres y niñas con discapacidad. “Los datos que tenemos reflejan que están más expuestas que las que no tienen discapacidad”, apuntó Peláez, recordando los datos del estudio elaborado por la FCM analizando los casos de mujeres con discapacidad recogidas en la macroencuesta de 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

En su opinión, es “fundamental realizar una macroencuesta completa que aborde cómo afecta la violencia a las mujeres y niñas con discapacidad, teniendo en cuenta también las casuísticas de las mujeres y niñas que tienen discapacidad y no la tienen reconocida oficialmente, porque, por ejemplo, hay ocasiones en las que adquieren esa discapacidad a partir de los malos tratos”.

RECURSOS ACCESIBLES

Además, solicitó que todos los estudios y estadísticas que se realicen sobre el problema de la violencia de género tengan en cuenta de forma transversal la variable de discapacidad.

Igualmente, Ana Peláez subrayó la importancia de que se garantice que todos los recursos destinados a atender a las víctimas de violencia machista sean plenamente accesibles, de forma que no haya mujeres que encuentren barreras a la hora de poder acceder a una casa de acogida o al denunciar.

En esta línea, señaló que este apartado debe complementarse con una auditoría general de la accesibilidad de los recursos que existen en la actualidad, así como de la formación que tienen las personas que desde diferentes ámbitos profesionales tienen que trabajar con las víctimas, como pueden ser trabajadores y trabajadoras sociales, policías, jueces, etc.

Por último, la vicepresidenta ejecutiva de la FCM agradeció a los grupos políticos la oportunidad de expresar en sede parlamentaria las reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad en materia de lucha contra la violencia de género.