Afirmó que el Gobierno central se ha blindado legalmente, con esta modificación legal, dijo que sólo queda recurrirla ante el TC y explicó que este tipo de recursos no los pueden presentar los ayuntamientos.

Pueden acudir al TC un grupo de diputados o el Defensor del Pueblo, explicó Erguido, quien indicó que, por esta razón, se dirigirán a este último organismo para pedirle, si estima conveniente, recurrir una ley que “vulnera” la Carta Magna.

No obstante, indicó que los pueblos afectados por el ruido, antes de ir al Defensor del Pueblo, están aprobando mociones de rechazo a la modificación legislativa y de solicitud de reunión con el ministro de Fomento, José Blanco, para hacerle llegar sus posiciones y la voluntad de diálogo de todos.

“Creemos que si nos hubieran consultado antes de esta imposición a los afectados, se podría haber llegado al consenso”, aseguró.

Informó de que Algete aprobó esa moción hace un mes y ya se la remitió a Blanco y dijo que otros, la gran mayoría, ya han hecho lo mismo.

“Esperamos que nos reciba pronto para exponerle nuestras objeciones y, si no nos responden desde el Fomento, a la vuelta del verano, iremos al Defensor del Pueblo para pedirle que recurra esta ley”, manifestó.

Algete cuenta con unos 20.000 habitantes y desde 2007 está gobernado por el PP, que obtuvo 11 de los 17 ediles, dijo Erguido, quien es asimismo concejal de Relaciones Aeroportuarias.

Aseguró que el principal problema de Algete es el ruido de los aviones y dijo que el Gobierno modificó la ley para “blindar los intereses de Aena y de las compañías aéreas, frente a los derechos de los vecinos afectados por el ruido que fueron ganados en los tribunales”.

Indicó que esta nueva ley “impone la obligatoriedad del ruido a los que viven cerca de los aeropuertos”.