Según informó Adif, el contrato pretende preservar la seguridad de las líneas, alcanzar los niveles deseados de fiabilidad según los tipos de líneas y mejorar la calidad percibida por el cliente final, así como mejorar el seguimiento de las incidencias que repercutan en las obras y el servicio que debe proporcionar Adif e incrementar el control económico sobre las mismas.

De esta forma, el administrador ferroviario realiza una importante apuesta por el mantenimiento de la red convencional que queda de manifiesto tanto en el incremento del presupuesto destinado como en las mejoras que se introducen para gestionar y controlar los programas de trabajo que deben desarrollarse, la resolución de incidencias y las garantías de cumplimiento incluidas en el contrato.

Así, el mantenimiento de la red pasa de contar actualmente con una partida anual de 98,5 millones de euros a 102,5 millones, a los que se suman además otros 31,5 millones de euros anuales para actuaciones correctoras programadas, lo que representaría un incremento del 36%.

El contrato contempla una serie de actuaciones de mantenimiento regulares (inspecciones y actuaciones en infraestructura, vía y desvíos, entre otras) que Adif abonará a través de un canon de mantenimiento fijo anual, establecido en 68.697.500 euros.

Además, se establece una partida anual de 33.800.000 euros para actividades de mantenimiento no regulares, es decir, aquellas derivadas de inspecciones o incidencias que, por su envergadura o naturaleza, no puedan realizarse exclusivamente con los medios humanos y materiales ligados al canon.

También se incluyen actuaciones correctoras programadas, con una dotación anual de 31.500.000 euros que engloban trabajos de mejora que supondrán ahorros futuros en el mantenimiento. Estas actuaciones se gestionarán mediante un Acuerdo Marco y su presupuesto máximo de licitación por actuación no podrá exceder de 250.000 euros (con IVA).

Por otro lado, Adif introducirá penalizaciones en función de unos indicadores de calidad y cumplimiento, entre ellos el tiempo medio de respuesta ante incidencias, el tiempo perdido por circulaciones por existencia de limitaciones temporales de velocidad (LTV) imputables al mantenimiento, la calidad de la vía y el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

Asimismo, se fijan unos tiempos máximos de respuesta ante incidencias (plazo en el que el adjudicatario debe estar en el lugar de la misma con los medios humanos y materiales necesarios para su resolución), que deben ser inferiores a una hora y 30 minutos en Cercanías, a dos horas y 30 minutos en Larga Distancia y a cuatro horas en líneas de tráfico débil o exclusivas para mercancías.