Esta querella se interpone para destapar los supuestos “delitos que habrían supuesto graves defraudaciones y maquinaciones para alterar precios o malversar fondos públicos, con grave repercusión para el tráfico mercantil, en la economía nacional, habiendo podido causar un perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas en el territorio de más de una Audiencia o en el extranjero, y también habiendo podido incidir en la toma de decisiones en materia de política económica de empresas públicas estatales o de ámbito autonómico”.

La querella, además, solicita nuevas imputaciones de personas y entidades, además de la ampliación de los delitos recogidos hasta ahora en el sumario relacionado con la 'operación Lezo'. Por ejemplo, IU avanza que se aportan "nuevos datos y argumentos" para la imputación de Aguirre.

Además, la querella señala que “los hechos indican que estas defraudaciones se efectuarían, como objetivo general, con la finalidad de apropiarse de caudales públicos, recibir sobornos por adjudicaciones o con el objetivo de allegar fondos al Partido Popular, siendo a la vez que parte de estos fondos se desviaron a cuentas opacas en paraísos fiscales radicados fuera del territorio español, y que en cualquier caso estos hechos han supuesto un perjuicio para las haciendas públicas y por tanto para los ciudadanos contribuyentes a las distintas administraciones públicas que irregularmente otorgaron contratos u otro tipo de favores a las empresas que previamente habían satisfecho las cantidades ilícitas -dádivas o sobornos- relatadas en este querella. Por tanto, se puede convenir fácilmente que la organización criminal denunciada ha venido actuando a lo largo de prácticamente todo el territorio nacional y el extranjero”.

Izquierda Unida presentó esta querella junto a otras organizaciones que ya se personaron en la causa contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, y junto a otras asociaciones y colectivos pertenecientes a la plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.