La iniciativa señala que “durante estos años las informaciones periodísticas hoy confirmadas no sólo no fueron atendidas por los gobiernos de la Comunidad" sino que emprendían "acciones judiciales contra los periodistas para intimidarlos”.

Asimismo, según Podemos, mientras, el Canal de Isabel II se gastaba 55 millones de euros en "publicidad que se otorgaba a medios de comunicación en función de criterios no objetivos".

Tras considerar que la práctica habitual del expresidente regional Ignacio González era “intentar que el acoso a periodistas lo pagaran las arcas públicas”, el citado diputado acusó al PP de “usar las instituciones para enriquecerse y financiar sus campañas electorales”.

Dijo que “además se intentó amedrentar a los periodistas que hacían su trabajo y defendían a la Comunidad de Madrid de los corruptos, con dinero público”. Asimismo, afirma que a los periodistas que investigaron la corrupción, como a los jueces y fiscales que la están destapando, “en lugar de perseguirlos habría que estarles infinitamente agradecidos”.

Añadió que, “si además de perseguirlos, se hace con dinero público puede que haya malversación, pero lo que está fuera de toda duda es que ese dinero debe volver a las arcas madrileñas”.

Entre las medidas recogidas en esta iniciativa están realizar en el plazo de un mes un informe sobre el número de denuncias realizadas por miembros del Gobierno regional entre los años 2003 y 2015 dirigidas contra periodistas u otros particulares por artículos, informaciones o cualquier tipo de denuncia "haciendo constar si se emplearon servicios jurídicos y recursos propios del demandante o públicos de la Comunidad de Madrid, el coste de las actuaciones y el resultado final de la denuncia".

Podemos también plantea “encargar a los servicios jurídicos de la Comunidad un informe sobre la posibilidad de que este gasto incurra en tipos penales de malversación (art. 432 del Código Penal) u otros y en su caso interponer las consiguientes querellas y reclamación de los importes gastados indebidamente".

Otra de las propuestas es solicitar por escrito a las personas que hubieran interpuesto tal tipo de denuncias usando recursos públicos que sin esperar al resultado de tales informes ingresen en las arcas de la Comunidad de Madrid el coste íntegro actualizado que hubieran tenido tales actuaciones y habilitar mecanismos para que se produzca tal pago.

Podemos pide también que "se agradezca públicamente a los periodistas que en los últimos 15 años han investigado y denunciado los casos de corrupción sucedidos en la Comunidad de Madrid y que nunca se han dejado amedrentar por el Gobierno autonómico su contribución a la democracia y la decencia en nuestra Comunidad”.