“Hay entidades que llevan años llevando a cabo estos programas y cuando tenemos que gestionarlos desde las comunidades autónomas, el Estado no ha hecho los deberes”, criticó la consejera valenciana a su entrada al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que preside hoy Montserrat en Madrid.

Una sentencia de enero dictada por el Tribunal Constitucional dio la razón en parte a la Generalitat de Cataluña, que pedía gestionar directamente desde el Gobierno autonómico los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria procedente del 0,7% del IRPF.

En opinión de Oltra, “se nos está dificultando bastante poderlos gestionar con una mínima solvencia y sin poner en riesgo los programas de las entidades”, a lo que se añade que la reunión se convoca “después de seis meses de gobierno”, lo que la consejera entiende como un error. “Esto hay que afrontarlo con celeridad”, agregó.

Por último, la vicepresidenta valenciana se quejó de que “la normativa dice que los servicios sociales han de sufragarse un 33% por el Estado, un 33% por las comunidades autónomas y un 33% por los ayuntamientos; nuestro caso para 2017 es que el Estado aportaría un 3%, un 30% menos de lo que debería”.

El encuentro de hoy reúne a los consejeros de Servicios Sociales y, entre otros puntos, en él se acordará la creación de un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de adecuación del baremo de discapacidad, se tratará una posible solución para afrontar la sentencia sobre el 0,7% del IRPF y se debatirá sobre el servicio de Teleasistencia Avanzada.