Según informaron fuentes de la Administración regional, esta decisión se adopta a la vista del criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que considera que las irregularidades investigadas afectan a diferentes organismos de la Administración regional y de las mismas puede derivarse un perjuicio patrimonial.

La Abogacía madrileña, en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seguirá a partir de ahora la evolución de las investigaciones para personarse en el momento procesal oportuno.

Las mismas fuentes indicaron que esta actuación se suma a la llevada a cabo el pasado año, cuando se dio traslado a la Fiscalía de un amplio informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que se entendía podían ser constitutivas de delito.

La Comunidad destacó que esta nueva iniciativa de carácter jurídico sigue el criterio de Cifuentes de 'tolerancia cero' con la corrupción, que ya se aplicó con anterioridad con la personación del Gobierno regional en las operaciones ‘Púnica’ y ‘Gurtel’ para defender los intereses de los madrileños.