Moix ordenó por escrito a los fiscales que investigan un caso de posible corrupción en el Canal de Isabel II que no realizaran uno de los registros que tenían previstos. Sin embargo, sus subordinados se rebelaron y tras llevar la decisión a la Junta de Fiscales votaron mayoritariamente en contra de la orden de su superior jerárquico, que tuvo que rectificar.

Ante la publicación en prensa de estas informaciones, la Fiscalía General ha emitido un comunicado en el que puntualiza que en este momento no se puede "entrar en el fondo del asunto ni desvelar elementos ni datos del procedimiento por encontrarse declarado el secreto de sumario".

Destaca que cualquier revelación del contenido de dicho sumario puede "afectar gravemente al buen fin de la investigación".

Sin embargo, asegura que "es falso que el fiscal jefe de dicha Fiscalía Especial haya intentado obstaculizar la investigación de la llamada operación Lezo, iniciada por la propia Fiscalía en octubre de 2015 y judicializada posteriormente en el año 2016".

Además, continúa, "es igualmente incierto, en concreto, que se intentara paralizar la investigación en lo referido al expresidente de la Comunidad de Madrid, señor González".

Los fiscales que investigan el caso invocaron el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, lo que obligó a Moix a convocar la Junta de Fiscales Anticorrupción. La mayoría se opuso a la decisión de su jefe jerárquico y aunque las decisiones de este órgano no son vinculantes, Moix acabó asumiendo el resultado de la mayoría.

Sobre estas "puntuales discrepancias técnico-jurídicas" en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, la nota dice que "fueron resueltas en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en un escenario de estricto y razonable debate jurídico, como es el propio de esta clase de órganos colegiados de las fiscalías".