Rivera participó en una jornada organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y antes dijo ante los medios de comunicación que solicitarán esa comparecencia después de conocer las informaciones que apuntan a que el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, ordenó paralizar registros que afectaban al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, finalmente detenido este miércoles.

El líder de la formación naranja subrayó que su partido tiene “obsesión” por la despolitización de la Justicia y quiere saber si en vez de “hacer y repartir” justicia el ministro está dando instrucciones para que quien tiene que investigar delitos no lo haga.

Después de las denuncias de fiscales, por ejemplo en Murcia, Rivera cree que se acumulan “demasiadas sospechas” sobre la gestión del ministro Catalá. Si realmente se han dado esas instrucciones y desde el Gobierno hubo un “chivatazo” a González que pudo generar destrucción de pruebas y obstaculización a la investigación, sería “impropio de un país democrático serio”.

Aunque no está imputada, Rivera afirmó que “todas las sospechas” se dirigen a la gestión de Esperanza Aguirre en Madrid y las investigaciones están “cercando” al PP y a su etapa de mayorías absolutas. Cree, por ello, que no solo hay que investigar en los juzgados sino también en los parlamentos.

SITUACIÓN DE CIFUENTES

En ese sentido, respaldó la petición hecha por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, comparezca ante la comisión de investigación a explicar todo lo que sabe. “No puede decir que no sabe nada”, alertó, porque lleva treinta años en el PP y ha estado en el Canal de Isabel II.

Si finalmente Cifuentes fuera imputada en esa investigación “pediríamos su dimisión”, pero por el momento “no es el caso”, porque solo ha declarado como testigo y por tanto no es aplicable el acuerdo de investidura en ese ámbito.

En todo caso, Rivera se mostró partidario de separar la investigación sobre los casos de corrupción de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de los que se derivan derechos concretos para muchos ciudadanos. Cree que vincular ambos ámbitos sería “injusto” para todos ellos y una “irresponsabilidad” de quien lo haga.