Según explicó hoy el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado, la medida podría beneficiar a 539 ayuntamientos. El plazo de presentación de solicitudes se amplía después de que la Secretaría General aprobara, el pasado 29 de marzo, la resolución por la que se comunicaba la publicación de la relación de ayuntamientos que podían acogerse a la medida.

Entonces también se publicó el procedimiento de gestión que éstos debían desarrollar para su aplicación, estableciendo un plazo para la presentación de las solicitudes que concluía el pasado 7 de abril y que, mediante resolución de 11 de abril, se amplía hasta el día 28 del mismo mes.

Hacienda señaló que la finalidad de esta medida es “posibilitar que los plenos de las entidades locales que presenten peor situación financiera puedan acogerse a esta medida”.

La solicitud debe referirse a la totalidad de las operaciones de préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo al ahora Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y al Fondo de Ordenación que estén vigentes.

Con la misma fecha límite del 28 de abril de 2017, los ayuntamientos, en su caso, deberán haber presentado la liquidación del presupuesto de 2015.

La formalización de la modificación de los contratos de préstamo con las nuevas condiciones financieras deberá aprobarse mediante acuerdo del órgano competente del ayuntamiento, según la normativa reguladora del régimen local y de las haciendas locales.

La ampliación del período de carencia y del de amortización se aplicará a partir del primer vencimiento posterior a 31 de mayo de 2017 de las operaciones afectadas. La medida puede afectar a 2.041 préstamos que se formalizaron con 11 entidades de crédito, que han prestado servicios al Fondo de Financiación para los Pagos a Proveedores y al Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Después de aplicar la medida el período de carencia de los préstamos formalizados por los ayuntamientos que la soliciten se habrá situado entre cinco y siete años, y el período de amortización entre 13 y 23 años. Inicialmente, todas las operaciones se formalizaron con un período de amortización de 10 años, con los dos primeros de carencia de pago de principal.