En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, interpeló al ministro sobre la situación de presos de ETA enfermos que, en su opinión, “con la ley en la mano deberían estar en libertad para hacer frente a su enfermedad en condiciones adecuadas”.

La diputada subrayó que existen mecanismos “claros y perfectamente aplicables si hay voluntad para ello”, dado que el derecho a la salud está entre los fundamentales de todo ser humano, que no queda restringido cuando a una persona se la priva de libertad.

El requisito de enfermedad “muy grave con padecimientos incurables” previsto en la legislación no quiere decir que el preso tenga que estar “a punto de morir” para que se apliquen esos mecanismos, argumentó la diputada, que expuso varios casos concretos con nombres, apellidos y diagnósticos en los que cree que el Gobierno está negando esa posibilidad por criterios políticos y no médicos.

Zoido se reafirmó en el cumplimiento “estricto” de la legalidad y en el respeto “escrupuloso” a las resoluciones judiciales. Después de que la diputada hablara en todo momento de “presos vascos”, el ministro subrayó que no existe discriminación alguna por razón de lugar de nacimiento o residencia, y que si se refiere a condenados por terrorismo la legislación aplicable es la misma para cualquier encarcelado por ese motivo independientemente de dónde haya nacido y de la organización criminal a la que pertenezca.

El ministro explicó que existen previsiones y fórmulas en la ley para que los internos con enfermedades graves y padecimientos incurables puedan acceder a la libertad condicional o al tercer grado siempre que se cumplan los requisitos de cada caso, e incluso se contempla la suspensión de la ejecución de la pena pendiente en determinados supuestos.

"NI TRANSACCIONES NI CONCESIONES"

Lo “sorprendente”, dijo, es que a EH Bildu solo le preocupan “determinados presos” porque se interesa por los asesinos y nunca por las víctimas. El Gobierno, aseguró, es “exigente” en el cumplimiento de la ley sin “transacciones ni concesiones” con quienes han generado tanto sufrimiento a la sociedad, “y menos ahora”, cuando la fortaleza de los demócratas a colocado a ETA “a las puertas de su desaparición”.

Zoido pidió a la diputada que esté “tranquila” porque todos los presos enfermos reciben la asistencia que precisan y son sometidos a una evaluación para determinar si su situación requiere aplicar esos mecanismos previstos en la ley. En ninguno de los casos expuestos, aseguró, se ha detectado un grado de enfermedad con suficiente entidad como para hacerlo, “ni mucho menos” un estadío de la dolencia que ponga en riesgo la vida del encarcelado.

El ministro rebatió algunos de los casos expuestos por Beitialarrangoitia y la acusó de aplicar una “doble vara de medir” al esgrimir esos argumentos “para no hablar de las víctimas ni del dolor” provocado por ETA. “Sabemos quiénes son los asesinos y quiénes son las víctimas y de ahí no nos va a apartar nadie”, aseguró.

La diputada precisó después que se refiere a los presos a los que se aplican “medidas excepcionales” en su régimen penitenciario, pero precisó que no apoya su aplicación a ningún preso sea cual sea la causa que le ha llevado a prisión. Tampoco, dijo, si era del PP y fue condenado por corrupción.

Además de la dimensión legal y humanitaria, Beitialarrangoitia incidió en la “demanda social” existen en Euskal Herria para solventar la situación de esos presos. El funcionamiento del Estado de Derecho “no se propaga, se demuestra”, y en su opinión hay casos en los que no se está respetando la legislación. No hay reinserción posible, alertó, si el Estado se está “ensañando” con la enfermedad de algunos presos.

El ministro insistió después en que todos los presos enfermos reciven asistencia sanitaria y que en los casos expuestos no se ha detectado gravedad para poner en marcha esos mecanismos. En todo caso, reiteró que la evaluación compete a los jueces a la vista de los informes médidos y la administración no está legitimada para impugnar esas resoluciones.