La organización ecologista informó de que entre las comunidades autónomas afectadas, la contaminación se ha extendido por la totalidad de Madrid, siendo la más afectada, como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana, que “además de perjudicar la salud de los seis millones y medio de madrileños, afecta de manera grave a dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha y Extremadura, al sur de la Cordillera Central”.

Asimismo, señaló que al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en el Estado español se encuentra en el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Almería, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, donde esta contaminación, ocasionada por el alto grado de urbanización de la costa, afecta a tres millones de personas, especialmente en las áreas de interior.

Por otro lado, las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se reparten entre el interior de Andalucía (incluyendo las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), la aglomeración de Valladolid y el Valle del Ebro, desde Aragón hasta la Ribera navarra y vasca, donde viven otros siete millones de personas.

En este sentido, Ecologistas en Acción explicó que la ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas.

“Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central, que por otro lado tampoco ha elaborado el plan nacional de ozono comprometido hace ya casi dos años”, destacó.

Por último, detalló que estos planes “deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado” y “debe procederse al cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías renovables”.