El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Esta decisión supone que las cuentas de esta comunidad autónoma quedan anuladas cautelarmente durante al menos cinco meses. Además, el TC apercibe al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los miembros del Gobierno y a altos cargos de la Generalitat que el incumplimiento de la suspensión puede acarrear consecuencias penales.

Además del recurso del Gobierno central, que conlleva la suspensión automática, el TC tendrá que resolver las impugnaciones piensan interponer el PSOE de manera individual y el PP y Ciudadanos conjuntamente.

El alto tribunal ha notificando su decisión de manera personalizada al presidente de la Generalitat, a todos los consejeros de su Gobierno, a los secretarios del Gobierno y de Vicepresidencia, a la interventora general de la Generalitat, al director de Contratación y al director general de Presupuestos.

La providencia del TC se comunica, por tanto, a todas aquellas personas que sean titulares de los órganos competentes en materia presupuestaria y económica del Gobierno catalán y que puedan tomar decisiones de ejecución presupuestaria.

El Constitucional advierte expresamente a todos ellos de su obligación de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" y les ordena que “se abstengan" de adoptar acuerdos que impliquen destinar dinero a la organización del referéndum y les recuerda que pueden incurrir en responsabilidad penal si desoyen al TC.

El recurso del Gobierno se dirige contra la disposición adicional 40 y tres partidas "relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación". La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.