Esta decisión supone que las cuentas de esta comunidad autónoma quedan anuladas cautelarmente durante al menos cinco meses. Asimismo, el TC apercibe al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los miembros del Gobierno y a altos cargos de la Generalitat que el incumplimiento de la suspensión puede acarrear consecuencias penales.

Además del recurso del Gobierno central, que conlleva la suspensión automática, el TC tendrá que resolver las impugnaciones piensan interponer el PSOE de manera individual y el PP y Cs, conjuntamente.