La Sala de lo Penal, reunida durante más de dos horas, tomó esta decisión al estimar los recursos interpuestos por la Fiscalía y por varios socialistas valencianos contra el archivo decretado por el TSJCV en agosto pasado.

El Alto Tribunal valenciano decidió archivar la investigación al considerar que, para poder apreciar la comisión de un delito de cohecho, se debía demostrar que Camps y los miembros de su Gobierno ofrecieron a los responsables del “caso Gürtel” alguna contraprestación por sus regalos.

En cambio, la Fiscalía aseguraba en su recurso que el TSJCV interpretó erróneamente el Código Penal ya que el mero hecho de recibir un regalo en atención al cargo que se desempeña constituye por sí solo un delito de cohecho, independientemente de haber ofrecido o no algo a cambio.

Los magistrados del Tribunal Supremo han dado este miércoles la razón a la Fiscalía y, por lo tanto, han decido anular el sobreseimiento libre de las actuaciones dictada por el tribunal valenciano, según consta en el fallo adelantado por la Sala de lo Penal.

En concreto, el tribunal ordena “el reenvío de la causa al instructor”, es decir, al magistrado del TSJCV José Flors, para que “continúe su tramitación en la forma legalmente procedente”.

Flors deberá reabrir la investigación en la que estaban imputados por un presunto delito de cohecho, además de Camps, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el antiguo jefe de protocolo de la Diputación de Valencia Rafael Betoret.

Todo ellos están implicados en la causa por los regalos que supuestamente recibieron de la empresa Orange Market, considerada la filial valenciana de la trama de corrupción del “caso Gürtel”, y de su hombre fuerte, Álvaro Pérez, conocido como “El Bigotes”.

En la reunión de hoy, que se celebró a puerta cerrada, intervinieron los magistrados Juan Saavedra, que actuó como ponente, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero.

FINANCIACIÓN IRREGULAR

La decisión del Tribunal Supremo no supone que el TSJCV deba investigar automáticamente, además de los regalos y trajes presuntamente recibidos por los miembros del gobierno valenciano, la presunta financiación irregular del PP de Camps, revelada en un informe realizado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".

Alguna de las partes personadas deberá solicitar expresamente al magistrado Flors la incorporación del informe de la UDEF a las actuaciones para que el TSJCV pueda investigar también la presunta El tribunal valenciano podría incorporar entonces la querella presentada por los socialistas de Valencia contra Camps y varios altos cargos del PP de Valencia como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, y contra miembros del Ejecutivo autonómico como el vicepresidente Vicente Rambla.

La querella les acusa de los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal al considerar que todos ellos estaban detrás de la financiación ilegal del partido.