Según informó este lunes Plena Inclusión Madrid, la construcción de nuevas infraestructuras públicas de Educación Especial “debe ser una línea roja, ya que si de verdad se quiere apostar por la inclusión educativa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, es preciso que los recursos económicos existentes se destinen a apoyar acciones que apunten en esa dirección”.

Según apuntó la federación en una nota informativa, durante el tiempo de vigencia de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad se ha producido un incremento de alumnos escolarizados en centros de Educación Especial del 22%, “una situación que se debe revertir para que la educación inclusiva sea un éxito y no un camino hacia el fracaso escolar”.

En este sentido, el movimiento asociativo indicó que es fundamental que las familias tengan la oportunidad de elegir qué centro quieren para sus hijos y que esta decisión “no se vea condicionada por la escasez de recursos para la inclusión de alumnos con discapacidad en el sistema educativo ordinario”.