Según la sentencia, la Audiencia rechaza la demanda porque los jueces consideran que la ley del Gobierno fue necesaria, idónea y proporcionada para corregir, en el plazo más breve posible, una “situación calamitosa” originada por el convenio colectivo de los controladores , que se ha convertido “en un estado de excepción permanente que ha durado 20 años”.

Además, considera que los derechos fundamentales no son absolutos y se trata de garantizar la seguridad y continuidad del servicio público del tránsito aéreo.

En este sentido, la sentencia afirma que la situación en la que se encontraba el tránsito aéreo español provocó que la intervención del legislador "no sólo era obligada, sino que era imprescindible", y añade que, además, "se ha ajustado básicamente a las recomendaciones realizadas por la Dirección General de Aviación Civil".

La Audiencia Nacional considera que esta ley reguladora de los servicios del tránsito aéreo "era inexcusable para garantizar la continuidad de un servicio, cuya esencialidad es notoria, que se había puesto precisamente en claro peligro como consecuencia de la negociación colectiva".

Una negociación colectiva que, según el tribunal, ha sufrido un "fracaso evidente" y que debería servir para contribuir a la competitividad de las empresas españolas.

En este punto, la sentencia pone como ejemplo el acuerdo sobre la negociación colectiva para 2010, 2011 y 2012 firmado por las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresariales (CEOE y Cepyme) el pasado mes de febrero.

Al contrario, acusa a la negociación colectiva del sector de provocar que "el proveedor civil de servicios de tránsito aéreo se convierta en uno de los más ineficientes de nuestro entorno, mientras los controladores obtienen retribuciones millonarias".

También critica que los controladores "disfruten" de unas condiciones de trabajo, en las que el poder de organización, planificación, dirección, gestión, supervisión y control de la prestación de dichos servicios se "cogestiona en el mejor de los casos y se desplaza individualmente a los propios controladores en el peor".

Esta situación lleva a la no disposición de los trabajadores a prolongar la jornada, o a cambiar de turnos cuando lo exigen las necesidades del servicio, por lo que concluye que "la negociación colectiva ha dejado de cumplir su función constitucional".