Este acuerdo, que se rubricó en Madrid en 2015, tiene como objetivo posibilitar un tratamiento tributario adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en el ámbito internacional, así como proporcionar un marco de seguridad jurídica y fiscal que favorezca los intercambios económicos bilaterales y facilite la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones.

Por ello, establece criterios relativos a la imposición sobre distintos tipos de rentas y contiene un régimen de intercambio de información que incluye la de carácter bancario. Incorpora una cláusula antiabuso para evitar que el convenio pueda ser utilizado para favorecer o fomentar la evasión fiscal y la opacidad en los flujos internacionales de capitales.