Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar las cuentas públicas de este año, Montoro destacó que el proyecto de Ley de PGE de “apuesta por un empleo público estable y por unos servicios públicos de calidad” en referencia al acuerdo que cerró el pasado miércoles con los sindicatos de funcionarios para ofertar 250.000 plazas destinadas a convertir personal interino de la Administración en fijo y reducir la tasa de temporalidad al 8% a lo largo de 2017, 2018 y 2019.

El ministro indicó que estas 250.000 plazas suponen reducir la temporalidad desde el 20% al 3% y se reparten principalmente en los sectores considerados prioritarios: Sanidad (237.070), Educación (98.807) y Justicia (8.564).

En concreto, la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año estará alrededor de las 67.000 plazas, contemplando la sustitución de quienes se jubilen y los puestos de nueva creación.

Por subsectores, estas 67.000 plazas se repartirían entre la Administración General del Estado (19.000), las comunidades autónomas (28.144) y entidades locales (alrededor de 20.000).

Por otra parte, Montoro cifró en 7.969 plazas las que se han aprobado hoy en el ámbito estatal, para que, de manera urgente, se pueda acometer parte de la OEP en los sectores prioritarios. Así, se repondrán en docencia 42 plazas; en Policía Nacional, 3.591; Fuerzas Armadas dispondrán de 1.990 plazas; y Guardia Civil de 2.346.

Para las comunidades autónomas, Hacienda precisó que se ha establecido una tasa de reposición del 100% para docencia, con la aprobación de alrededor de 10.000 plazas en el ámbito educativo no universitario, y 1.500 para profesorado universitario.

En el caso de los policías autonómicos de Cataluña y Navarra, también repondrán el 100% de personal, y para la Policía del País Vasco la tasa será la que fije el acuerdo de la Junta de Seguridad de esta comunidad autónoma.

En el ámbito educativo, se especificó que de no ejecutarse este año las convocatorias de oposiciones, podrá acumular las plazas para años posteriores.

Mientras, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, agregó que con este real decreto “entendemos que debemos llegar al curso escolar y también debemos evitar que las academias de formación de policía y militares no puedan operar” porque no estén disponibles las plazas.