Según la sentencia, la Audiencia rechaza la demanda porque los jueces consideran que la ley del Gobierno fue necesaria, idónea y proporcionada para corregir, en el plazo más breve posible, una “situación calamitosa” originada por el convenio colectivo de los controladores, que se ha convertido “en un estado de excepción permanente que ha durado 20 años”.

Además, considera que los derechos fundamentales no son absolutos y se trata de garantizar la seguridad y continuidad del servicio público del tránsito aéreo.