La decisión de Varela obliga a los vocales Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reunirse en pleno para decidir la suspensión cautelar de Garzón y su salida de la Audiencia Nacional hasta que el Tribunal Supremo resuelva su caso y dicte sentencia.

Las fuentes consultadas señalaron que está previsto que este miércoles la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo traslade la decisión de Varela al CGPJ para que decrete su suspensión. Esto podría truncar sus planes de trasladarse a La Haya (Holanda) para trabajar como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional.

El máximo órgano de gobierno de los jueces podría estudiar el caso de Garzón en el pleno que celebrará el próximo 19 de mayo, aunque también podrían convocar una reunión extraordinaria para tratar la suspensión del magistrado.

Si finalmente es condenado por el Tribunal Supremo, el juez será inhabilitado, por lo que no podrá volver a ejercer. Si es absuelto, Garzón podría volver a su despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe ahora fijar una fecha para la celebración del juicio, dictando un auto de señalamiento de vista oral. Fuentes del Alto Tribunal señalaron que, teniendo en cuenta el calendario de vistas, el juicio a Garzón podría celebrarse en julio o septiembre, ya que agosto es un mes inhábil.

Aun así, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe resolver primero el recurso interpuesto por Garzón en el que pide que se decrete la nulidad de los escritos de acusación presentados contra él por Manos Limpias, la única acusación que queda en la causa tras la expulsión de Falange Española de las JONS y que pide 20 años de inhabilitación para el juez de la Audiencia Nacional. La nulidad de los escritos, de decretarse, supondría el archivo de la causa abierta contra Garzón por falta de acusación.

Además de la causa por su investigación de los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsable del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.